Una mirada a la realidad del desempleo de profesionales universitarios

        Dra. Emma Nogales de Santivañez

Durante las últimas dos décadas, el prolongado periodo de poder del proyecto político masista dejó una huella profunda y dolorosa en los profesionales universitarios del país. Lo que debió ser una época de fortalecimiento institucional se convirtió, para muchos, en un tiempo de exclusión y desilusión. La lógica dominante fue la de premiar la lealtad política por encima de la capacidad técnica. Se abrieron las puertas de la administración pública a quienes tenían afinidad partidaria, sin importar su nivel de formación o experiencia. Así, cargos que exigían conocimiento especializado quedaron en manos inexpertas, dando lugar a una gestión deficiente, a la degradación de los servicios estatales y a la normalización del soborno como método de “agilización” administrativa. De ese caldo de cultivo emergió una corrupción estructural que hoy parece enquistada en los cimientos mismos del aparato público.

La justicia, piedra angular del Estado de derecho, no escapó a ese mismo mal. Aquello que durante años se quiso construir —una carrera judicial basada en el mérito y la vocación— fue desplazado por el favoritismo y el cálculo político. Se privilegió la militancia sobre la competencia, el apellido sobre el esfuerzo, y la obediencia sobre el conocimiento. No fueron pocos los casos de recién egresados, vinculados al régimen, que ascendieron vertiginosamente a puestos de poder sin la preparación que exige la magistratura. Con ello, se enterró la meritocracia y floreció el servilismo, arrastrando consigo el incumplimiento de la Constitución, los plazos procesales y la confianza ciudadana en la justicia. Cuando los jueces temen más al poder político que a la ley, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en sistema.

En paralelo, otro fenómeno silencioso fue debilitando la base misma de la educación superior. La proliferación de universidades privadas transformó la educación de calidad en un mercado de títulos. Se flexibilizaron las mallas curriculares, se acortaron los tiempos de estudio y se rebajaron las exigencias académicas, bajo la promesa de un “cartón profesional” rápido y accesible. El resultado es una generación de jóvenes talentosos, formados en contextos de baja exigencia, que se enfrentan a un mercado laboral saturado y sin salida. A mayor número de graduados, menor cantidad de oportunidades, y con el tiempo, mayor frustración. La emigración, el subempleo o el servilismo político se han convertido en estrategias de supervivencia para muchos de nuestros profesionales, víctimas de un sistema que primero los forma y luego los descarta.

Hoy, el país se encuentra en una encrucijada moral y económica. No se trata solo de un problema laboral, sino de un síntoma de un Estado que ha perdido su brújula ética e institucional. Las nuevas autoridades tienen ante sí una responsabilidad histórica: devolver dignidad al trabajo profesional, rescatar la meritocracia y reconstruir la confianza en la administración pública. El cambio no vendrá de decretos ni discursos, sino del reconocimiento de que el talento y la capacidad deben ser los pilares del servicio público. Reconstruir la cultura del mérito es, en última instancia, la única forma de sanar la relación entre el Estado y sus hijos más preparados: los profesionales que aún creen en un país posible.